Un año más de nula mediación del Ministerio del Trabajo, cuyo aparato
burocrático ha dado paso a un lobby político que ahora tiene como nuevo
actor a los líderes sindicales provenientes del oficialismo, quienes
asumen tareas de gerentes en la búsqueda de recursos para empresas
netamente deficitarias. Como consecuencia de lo anterior, los
padrinazgos ganaron fuerza como instrumentos de manipulación en
detrimento de la legislación y de la propia capacidad de los
trabajadores de llegar a acuerdos fundados en sus propias experiencias.
En ese sentido, las decisiones orientadas hacia los trabajadores en
2012 siguieron sometidas a la coyuntura política y económica del país.
Esta situación afecta, en particular, al movimiento sindical cuyo
resurgimiento como actor clave en el desarrollo del país luce cada día
más lejos, pero al mismo tiempo necesario. El movimiento de los
trabajadores termina el año con banderas percutidas, llenas de viejas
consignas, altamente polarizado, dividido y sin canales de comunicación
entre los distintos grupos que lo componen.
Por tanto, la falta de diálogo social, la invasión de figuras
partidistas en las fábricas con el objeto de reducir el campo de acción
sindical, los efectos de la política de estatizaciones, entre otros
aspectos de la dinámica productiva, jugaron y juegan un papel estelar en
el análisis de los conflictos laborales ocurridos este año.
Tomando como referencia el informe 15 años de DD HH en Venezuela:
Inclusión en lo social, exclusión en lo político, presentado por Provea
el pasado 15 de diciembre con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, suscribimos que el
desconocimiento del Ejecutivo nacional de la norma de participación
tripartita del sector laboral, empresarial y gubernamental establecido
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en temas como la
fijación del salario mínimo y el diseño de las política laborales, así
como el progresivo incumplimiento por parte de las autoridades del
sector público del derecho a la contratación pública de los empleados de
la administración pública y empresas del Estado plantean un escenario
contrario al disfrute pleno de las garantías constitucionales en materia
de derechos laborales.
Por tanto, el respeto al derecho a la contratación colectiva mediante
la activación, discusión y firma de las convenciones colectivas
vencidas en las instituciones y empresas del Estado representan un
significativo desafío para el nuevo año que se asoma. No por casualidad,
la exigencia de discusión de contratos es unánime en las empresas
básicas como centros de gran repercusión laboral.
En un intento de síntesis, presentamos a continuación un breviario
gráfico de los momentos cumbres del 2012 en materia de derechos
laborales.
Oscar Murilloomurillo@correodelcaroni.com
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