Un
resquicio de autonomía se abrió ayer al entrar en vigor un decreto ley que
ampliará de forma gradual el cooperativismo en Cuba. En una etapa preliminar se
prevé que este contribuya a la creación de más de 200 asociaciones de ese tipo
en todo el país. Desde la pasada sesión de la Asamblea Nacional, en julio de
este año, se aguardaba la entrada en vigor de una medida que se espera dinamice
la deteriorada economía de la Isla. Hasta ahora esta forma de gestión solo
estaba permitida en el sector agropecuario. Pero desde hoy incluirá también los
sectores gastronómico, de transporte, servicios personales y domésticos, la
recuperación de materias primas y los servicios de la construcción, entre
otros.
Esta medida se inscribe en un plan de flexibilizaciones y ajustes
económicos aprobados por el Sexto
Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011. Según la propaganda oficial se
trata de un proceso de “actualización del actual modelo” y no de un desmontaje
del mismo. No obstante, algunos sectores críticos habían abogado por menos
estatización y mayor cooperativismo, como una alternativa a la privatización.
La edición del periódico oficialista Granma de ayer precisó que se trata de un
decreto ley que establece la “constitución experimental” de estas asociaciones.
A la par que anunciaba que el arrendamiento de los locales estatales se hará de
manera preferente a aquellos que trabajen actualmente en ellos. Claro está,
cuando estos “voluntariamente determinen conformar una cooperativa”. Para
constituirlas los interesados tendrán que presentar una solicitud a los órganos
municipales del Poder Popular y estos la someterán a varias comisiones.
En un primer momento se autorizarán las asociaciones “de primer
grado” que incluirán al menos a tres empleados. Se prevé también permitir las
de “segundo grado” formadas por dos o más cooperativas, aunque todavía no
comenzarán a ponerse en marcha. Una Asamblea General, donde cada socio tendrá
un voto, dirigirá cada agrupación.
El órgano oficial del Partido Comunista aclara que los precios de
los productos y servicios que se comercialicen se regirán por la ley de la
oferta y la demanda, aunque advierte que habrá algunas excepciones en las que
el Estado determinará el precio.
Entre los puntos mejor recibidos del nuevo decreto ley se
encuentra el hecho de que estas nuevas entidades contarán con personalidad
jurídica. No se subordinarán administrativamente “a ninguna entidad estatal”
aunque se deja claro que deberán “ajustarse a las normas generales establecidas
por los organismos rectores” de cada actividad. Por ejemplo, en el caso de un
grupo de trabajadores que se afilia en una cooperativa de construcción, tendrá
que regirse por las normas de calidad del ministerio del ramo.
La medida se vincula a una ley que entra en vigor en enero próximo
y que otorga beneficios fiscales para las cooperativas en comparación con otras
formas estatales de gestión.
El plan de ajustes económicos impulsado por Raúl Castro acusa
todavía grandes carencias. Las quejas del sector por cuenta propia y
cooperativo se centran en los deficitarios créditos bancarios y la inexistencia
de un mercado mayorista. El Gobierno ha dicho que este último se aplicará de
formal gradual en 2013, pero no ha calmado el recelo.
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/11/actualidad/1355257744_677870.html
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